Desalojo de tierras es el conflicto frecuente entre indígenas y Estado

Actualidad sábado 13 de enero de 2018

Surge de un relevamiento que hicieron los gobiernos de Neuquén, Río Negro y Chubut. Obras y temas ambientales complican las relaciones y desataron más de 200 reclamos.

El Gobierno nacional presentó a tres provincias patagónicas su agenda para los pueblos originarios, que hace hincapié en proveer derechos básicos a las comunidades y en la propiedad de la tierra, reclamo histórico de las cerca de 1.600 comunidades que viven en territorio argentino.

El plan fue presentado a los representantes de Chubut, Río Negro y Neuquén por el ministro de Justicia, Germán Garavano y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, en el salón Científicos, de la Casa Rosada.

“El Estado tiene una deuda con los pueblos originarios. Mucho se ha dicho, pero poco se hizo en la gestión anterior y ahora hemos logrado avances, aunque débiles, y queda mucho por hacer”, reconoció Garavano en un encuentro con periodistas acreditados.

El principal reclamo de las comunidades tiene que ver con la titularidad de las tierras que habitan, pero también con el acceso a servicios básicos como salud, educación, transporte y trabajo.

Para comenzar a pagar esa “deuda” referida por el ministro de Justicia, el Gobierno nacional se compromete a “promover una agenda federal de trabajo en pos de la inclusión, la protección de derechos y el desarrollo integral de las comunidades”.

Como segunda meta, el garantizará “avanzar para implementar los procesos de relevamiento territorial, de acuerdo a lo establecido en la ley 26.160, en pos de efectivizar el derecho a la propiedad comunitaria”.

En el encuentro entre los funcionarios nacionales y provinciales también se relevaron los conflictos que surgieron en las comunidades y se contabilizaron 211 en Chubut, Río Negro y Neuquén, 129 de los cuales están vinculados a desalojos de tierras, y el resto a obras de infraestructura y otros problemas socio-ambientales.

Garavano minimizó los hechos de violencia derivados de los conflictos con las comunidades, aseguró: “Los actos violentos son de grupos muy marginales” y señaló: “Hay que separar a la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) y algún grupo mínimo, con reclamos legítimos de los pueblos originarios”.

En la reunión también estuvo la directora del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Jimena Psathakis, quien remarcó la situación de vulnerabilidad en la que están muchas comunidades y en la necesidad de un censo que muestre la dimensión real de los indígenas”.

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